El aspirante a un cargo de elección popular por libre postulación que no entregue esos datos, aun cuando haya compilado las rúbricas exigidas, perderá su derecho a estar en la boleta, según las normas.
Los demás precandidatos que no fueron electos tienen un plazo de 60 días calendario, que comprende desde el 31 julio y hasta el 28 de septiembre, para presentar el informe de ingresos y gastos, aunque la entrega posterior también será sancionada.
Este proceso de recolección de firmas se inició el lunes 15 de agosto de 2022, cuando el Tribunal Electoral (TE) puso a disposición de los precandidatos en todo el país varios mecanismos confiables para registrar las firmas.
Sobre el tema, el director de Fiscalización del Financiamiento Político del TE, Isidro Carbonell, precisó que el subsidio público previsto en las normas para los aspirantes de partidos y los de libre postulación asciende a 109 millones de dólares, divididos en el periodo preelectoral y luego de la votación.
Ese monto, dijo, equivale al 1,0 por ciento de los ingresos corrientes del año anterior a la elección general, en este caso del 2023, los cuales fueron calculados en 10 mil 900 millones de dólares, según consta en el presupuesto general del Estado.
El funcionario precisó que hasta la fecha, el 97 por ciento de los candidatos proclamados entregaron sus informes de ingresos y gastos.
Al respecto, subrayó que la lista de donantes brinda una idea más detallada sobre si hay un monto sospechoso o bastante significativo, que les permita buscar la fuente exacta de ese dinero.
El 5 de mayo de 2024, los panameños decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 71 diputados a la Asamblea Nacional.
Con el voto elegirán además a 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 concejales, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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