Los imputados eran parte del esquema de seguridad del dirigente político y, en cumplimiento de sus funciones, lo acompañaron a la terminal aérea de El Dorado para que tomara un vuelo con destino a laq ciudad de Barranquilla, departamento de Atlántico, narró la Fiscalía.
Mientras caminaba a los mostradores de una aerolínea Antequera se encontró con el entonces congresista Samper, con quien sostuvo una conversación y el diálogo fue interrumpido por una lluvia de disparos, hechos que ocurrieron el 3 de marzo de 1989.
Luego de valorar los elementos de prueba y la evidencia técnica obtenida, una fiscal determinó que los tres exfuncionarios deberán responder en juicio como posibles responsables de los delitos de homicidio con fines terroristas agravado, tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
El líder de la UP murió, al igual que un hombre de 21 años que, posteriormente, fue presentado por las autoridades como sicario.
La investigación da cuenta que, en realidad, habría sido un señuelo que hicieron pasar como delincuente para justificar la reacción de los hoy acusados, que accionaron sus armas indiscriminadamente.
Por todo lo anterior, la Fiscalía acreditó que los exfuncionarios del DAS no actuaron en defensa y concluyó que los hoy procesados habrían desatendido los protocolos de protección, no velaron por la seguridad de Antequera ni por la integridad de las demás personas que estaban en el aeropuerto.
La resolución de acusación reafirma que el homicidio de José de Jesús Antequera Antequera corresponde a un crimen de lesa humanidad, que hizo parte de un patrón de criminalidad en el que se concertaron agentes del Estado, narcotraficantes y grupos paramilitares para exterminar a los integrantes y representantes de la Unión Patriótica.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó, en enero pasado, al Estado colombiano por las violaciones de derechos humanos cometidas contra más de seis mil integrantes y militantes de la UP desde 1984 y por más de 20 años.
El tribunal aseguró que pudo comprobar que la violencia sistemática contra los integrantes y los militantes de la UP se extendió en casi todo el territorio colombiano y a través de desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, estigmatización, judicializaciones indebidas, torturas, desplazamientos forzados, entre otros.
Esos actos constituyeron parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político UP, sus miembros y militantes, los cuales contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad, enfatizó.
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