La cifra representa un aumento de 14 por ciento del número de víctimas con respecto al trimestre anterior, de acuerdo con el informe del Departamento de Derechos Humanos de la Binuh.
Además, durante el periodo estudiado 238 personas fueron linchadas como parte del movimiento popular Bwa Kale por su supuesta relación con las pandillas.
“Aunque algunos de estos linchamientos parecieron espontáneos, otros fueron alentados, apoyados o facilitados por agentes de policía y miembros de bandas pertenecientes al G-9 y sus aliados. El movimiento también fue incitado por mensajes emitidos por figuras públicas en la radio y los medios sociales”, criticó la Binuh.
La violencia sigue extendiéndose en la zona metropolitana de esta capital, así como el departamento de Artibonite, mientras que las violaciones y explotación sexual se utilizan en áreas controladas por las bandas como arma para sembrar el miedo y castigar a la población, deploró el organismo.
El departamento del Oeste siguió registrando el mayor número de personas asesinadas, heridas y secuestradas (82 por ciento de los casos) y los municipios de Cité Soleil, Croix-des-Bouquets, Pétion Ville y Puerto Príncipe se vieron particularmente afectados, según el informe.
Además, denunció que 13 oficiales fueron asesinados en actos de violencia relacionados con bandas, mientras que al menos 467 supuestos integrantes de pandillas murieron, de ellos 238 por linchamientos populares, 119 en operaciones policiales, 96 en enfrentamientos con otros grupos armados, y siete por ejecuciones extrajudiciales de los comisarios de Gobierno de Le Cayes y Miragoâne.
Tras su visita al país a mediados de junio el experto independiente de la ONU para los derechos humanos, William O’Neill, llamó a la comunidad internacional a apoyar la transición hacia un sistema de Gobierno reforzado, así como a desplegar una fuerza internacional especializada para asistir a la Policía.
El país caribeño lleva años sumido en una grave crisis humanitaria, económica, política y de seguridad que se agravó tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y mientras las fuerzas de seguridad no cuentan con los recursos para contrarrestar a las pandillas.
Ante esta situación el Gobierno solicitó el despliegue de tropas especializadas, una petición que aún levanta recelos por las experiencias de pasadas intervenciones militares.
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