Lozoya Austin, quien debía pagar hasta 30 millones de dólares por resarcimiento de los daños provocados con esa operación y no 10 millones como él propuso, ahora no tiene que pagar ni un solo centavo por el dictamen del juez Genaro Gerardo Alarcón López.
Pero el reo continuará en prisión preventiva porque tiene pendiente otro caso de malversación y corrupción ligado a la empresa brasileña de Odebrecht.
Durante una audiencia que duró poco más de dos horas, el magistrado deshizo en minutos más de tres años de investigaciones y litigio y argumentó que su sentencia se basó en que el empresario Alonso Ancira, presidente de la empresa involucrada en la fábrica, llegó a un acuerdo reparatorio con las autoridades federales en 2021.
Según el juez, hay una tesis aislada que señala que a todos los coacusados en un caso como es el de Agronitrogenados se les puede suspender el procedimiento.
La Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex habían aumentado de 10,7 a 30 millones de dólares el monto por reparación de daño que exigen al exfuncionario.
Sin embargo, hoy las autoridades llegaron con un nuevo monto, proponiendo que solo pagara 20 millones de dólares, lo que rechazó la defensa de Lozoya Austin.
Ahora la aplicación sospechosa de una tesis a la que no se había hecho referencia, aparece como la tabla salvadora del acusado.
Se trata de un recurso aislado del Primer Tribunal Colegiado de Querétaro en el que se basó el juez de control federal, para suspender el procedimiento a una persona que se confesó culpable de todas las acusaciones sobre él, incluida la de la fábrica de agronitrogenados.
La tesis en cuestión del tribunal de Querétaro indica que en los acuerdos reparatorios como salida alterna al juicio penal, cuando existe pluralidad de imputados sobre un mismo delito, el cumplimiento por alguno de ellos beneficia a los demás por haberse satisfecho el interés particular de la víctima en la vía penal.
La usina, calificada como fábrica chatarra, se negoció a un sobreprecio de 200 millones de dólares que pagó el estado mexicano en el gobierno de Enrique Peña Nieto y no entró en producción, y por lo cual uno de sus negociadores, Alonso Ancira, erogó por resarcimiento solo 3,4 millones de dólares.
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