El jefe del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Muñoz, acató justo el lunes la resolución del juez séptimo penal, Fredy Orellana, que pedía la cancelación de esa fuerza política, por supuestas firmas falsas en su constitución en 2018.
Sin comentar lo anterior, el pleno de magistrados del organismo rector del proceso de votaciones oficializó ese día los resultados de la segunda vuelta electoral con Bernardo Arévalo y Karin Herrera como binomio presidencial electo.
El equipo legal de Semilla presentó luego un recurso de nulidad contra la resolución del Registrador de Ciudadanos, con consecuencias negativas para sus diputados recién electos.
En tal sentido, Arévalo afirmó que nada podría impedir la toma de posesión el 14 de enero de 2024 y aseguró que la agrupación “no claudicará en su lucha para que se respeten los resultados de los comicios, el estado de Derecho y el régimen democrático en el país”.
La junta directiva del Legislativo se sumó al ardid y declaró independientes a los cinco parlamentarios de Semilla, descartando el recurso de nulidad presentado primeramente contra la resolución de la Fiscalía.
Entidades locales e internacionales mostraron preocupación por estos hechos, reiteraron la ilegalidad de las maniobras promovidas desde el Ministerio Público (MP) y advirtieron de un posible golpe técnico a la democracia.
Colectivos y organizaciones de la sociedad civil, ante la gravedad de la situación, exigieron al presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, la destitución de la Fiscal General Consuelo Porras.
Mediante una misiva, argumentaron que los actos oficiales de la jefa del MP afectan la seguridad, la certeza jurídica, los intereses nacionales, la estabilidad política y democrática del Estado, así como la armonía en las relaciones internacionales.
Un amplio movimiento ciudadano, por otra parte, denunció a Muñoz, a los diputados integrantes de la junta directiva del Congreso, porque -señaló- “incurrieron en distintos cargos, como abuso de autoridad y emisión de resoluciones violatorias de la Constitución”.
El contexto obligó a que el mandatario electo, calificado de progresista, expusiera la existencia de un golpe de Estado en curso para romper el orden constitucional.
Junto a Herrera, el exdiplomático responsabilizó a la Fiscal General, Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez Orellana.
Incluyó a “la Junta Directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”, mientras consideró las acciones una burla a la voluntad popular expresada libremente en las urnas.
Arévalo pidió a los pueblos de Guatemala, sociedad civil, empresarios y trabajadores, al movimiento popular, a las iglesias y autoridades indígenas, estudiantes, entre otras, integrarse en defensa de la democracia.
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