El decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión fue firmado por el ministro de Justicia y Seguridad Publica, Anderson Torres, y tiene una validez de 90 días, prorrogables.
Según el documento, el apoyo de la Fuerza Nacional se destinará a ‘actividades y servicios esenciales para la preservación del orden público y la seguridad de las personas y los bienes, en carácter episódico y planificado’.
La región se encuentra en las orillas del río Uraricoera, en Alto Alegre, en el norteño estado de Roraima.
A finales de mayo, el ministro Luís Roberto Barroso, del Supremo Tribunal Federal, ordenó al gobierno que tomara medidas para proteger la tierra Yanomami, objeto de la minería ilegal de oro desde la década de 1980.
La solicitud fue hecha por la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), la Defensoría Pública de la Unión, organizaciones de derechos humanos y seis partidos.
En su decisión, Barroso afirmó que se demostraron ‘evidencias de amenaza a la vida, la salud y la seguridad de las comunidades ubicadas en Yanomami y Munduruku’.
Añadió que quedó verificada la ‘vulnerabilidad sanitaria de dichos pueblos, agravada por la presencia de invasores y el contagio por Covid-19 que generan y los actos de violencia’.
La comunidad originaria Palimiú, en suelo Yanomami, forma parte de la ruta que utilizan los buscadores de metales preciosos para llegar a los campamentos ubicados en medio de la selva.
El Consejo Distrital de Salud Indígena y la Asociación Hutukara Yanomami afirman que los conflictos están motivados por una especie de barrera sanitaria que las comunidades levantaron para evitar la contaminación por Covid-19 y el avance de la extracción ilícita de minerales.
Un informe de marzo de esta última agrupación reveló que la minería ilegal, una de las principales causas de destrucción del medio ambiente en la selva amazónica, se expandió un 30 por ciento en 2020 en las tierras Yanomami, lo cual equivale a 500 campos de fútbol.
Un reporte de la Policía Federal publicado en enero indicó que existen cerca de 20 mil garimpeiros (mineros) activos en esa zona.
También en marzo la APIB denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al gobierno del presidente Jair Bolsonaro por ejecutar una política de exterminio contra las comunidades nativas.
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