El periódico indica la colusión entre el grupo delincuencial Guerreros Unidos y autoridades de aquella época hace nueve años, que causó la desaparición de los jóvenes normalistas.
Los documentos revelan que prácticamente todas las ramas de gobierno ya bajo el presidente Enrique Peña Nieto en esa zona del sur del país llevaban meses trabajando para el grupo delictivo, lo que puso todo el poder del Estado en manos de narcotraficantes.
El intercambio de información entre ambos actores subraya que más allá de comprar favores específicos, el cártel había convertido a funcionarios públicos en empleados. Además, un jefe policial entregó armas al cártel.
The New York Times, que obtuvo la información presuntamente de la oficina antidrogas DEA, reveló que militares que monitoreaban de cerca el secuestro el 26 de septiembre de 2014, dos años después que Felipe Calderón dejara su narco gobierno, nunca acudieron a ayudar a los estudiantes porque también habían recibido sobornos.
En los mensajes, captados por la DEA en intervenciones telefónicas, los presuntos traficantes se quejaban de la insaciable codicia de los soldados. Se referían a ellos como “putos” a los que tenían “en la bolsa”.
Agentes también fungieron como informantes del cártel, pues enviaban reportes al minuto sobre los movimientos de las fuerzas federales a un líder de Guerreros Unidos al que llamaban “jefe”.
Los investigadores señalan que un forense también prestaba su servicio al grupo. Tras el asesinato de algunos de los normalistas, traficantes incineraron los cuerpos en un crematorio propiedad de la familia del forense.
La nueva información confirmaría que policías y funcionarios gubernamentales tenían conocimiento de cómo ocurría el secuestro de los 43 normalistas y no hicieron nada para detenerlo.
Estas nuevas evidencias en la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa apuntan a que agentes de la policía obedecían órdenes directas de los narcotraficantes.
Aunque ninguno de los mensajes obtenidos por el periódico estadounidense se refiere directamente a la noche del 26 de septiembre de 2014, los meses de comunicación previos al suceso demuestran que el grupo criminal estaba cada vez más preocupado debido a las luchas internas y al avance en su territorio de bandas rivales.
Hacía poco habían ahogado a uno de los mayores jefes de esa organización criminal y otro más había sido arrestado, por lo que los nuevos jefes habían perdido la confianza en sus filas, según mostraron las intervenciones telefónicas.
Los fiscales ahora aseguran que, en ese contexto de alerta, integrantes del grupo confundieron los autobuses que transportaban a los estudiantes con una incursión enemiga y dieron la orden de atacar.
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