El pleno de magistrados de ese órgano mediante un recurso legal exhortó a los tres poderes del Estado a que “continúen velando por el respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas, la integridad, la pureza y la eficacia del proceso electoral”.
La decisión llegó a partir de que el amplio ganador de los sufragios Bernardo Arévalo, secretario general de esa fuerza, pidiera la nulidad de la resolución emitida el pasado 28 de agosto por el director general del Registro de Ciudadanos, Ramiro Muñoz.
El funcionario acató la orden de un juez, no obstante a lo indicado por la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia de frenar la suspensión de partidos durante el proceso electoral.
El presidente electo de Guatemala afirmó ese propio lunes tras conocer la resolución de Muñoz que nada podía impedir la toma de posesión el 14 de enero de 2024.
El partido “no claudicará en su lucha para que se respeten los resultados de los comicios, el estado de Derecho y el régimen democrático en el país”, declaró el exdiplomático y actual diputado.
Dos días después la junta directiva del Congreso (unicameral) se sumó a las maniobras por sacar a Semilla del juego político y declaró independientes a sus cinco parlamentarios.
Estos hechos avivaron la tensión en todo este territorio centroamericano, y el propio Arévalo denunció un golpe de Estado en curso promovido desde el Ministerio Público.
Exhortó a la unidad para derrotar a las maniobras, “que pretenden mantenernos sumergidos en la corrupción, la impunidad y la pobreza”, aseveró.
Cientos de ciudadanos marcharon la víspera hasta el Palacio Nacional de Cultura (sede del Ejecutivo de Guatemala) en defensa de la democracia y exigiendo la renuncia de la Fiscal General, Consuelo Porras.
“Esto es un ciclo de protestas que apenas empieza”, aseguró una de las organizadoras de la propesta, mientras participantes llegados incluso de distitnos departamentos exponían en carteles «aquí está la fuerza del pueblo».
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