Según precisó la agencia de noticias Télam, la propuesta de normativa contempla un papel activo de organismos defensores de los derechos humanos en la preparación de las personas que desempeñen una función pública a cualquier nivel.
Además, tiene como objetivo prevenir actos discriminatorios y contribuir a una sociedad inclusiva, tolerante y en paz.
Este proyecto busca que quienes trabajan en el Estados se capaciten para evitar la proliferación de discursos de odio o negacionistas, indicó Alvado.
Para alcanzar la justicia, el respeto a los derechos humanos y la prevención de futuros abusos, es fundamental una administración pública formada, consciente, activa y comprometida, añadió.
La iniciativa fue presentada en el marco de acciones de repudio a un acto organizado por la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, para homenajear a genocidas.
La víspera, organizaciones sociales y sindicales rechazaron esa actividad y denunciaron agravios y falacias de Villarruel contra la titular de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y sobre el proceso de memoria, verdad y justicia que la sociedad argentina construyó durante los últimos 40.
Los genocidas cometieron crímenes de lesa humanidad, delitos tan aberrantes y perniciosos que son considerados imprescriptibles. No importa el tiempo que pase, siempre deberán ser juzgados y condenados, señalaron las Abuelas.
Lo que hacen Villarruel y su espacio político es una provocación para ganar notoriedad sobre temas superados por la sociedad. Su discurso nos retrotrae a lo peor de nuestra historia, intenta sembrar confusión y promover el odio, añade.
Por su parte, La Cámpora resaltó el trabajo de las Abuelas, la recuperación de 133 nietos apropiados por los militares y el procesamiento de más de mil 189 represores que participaron en la detención, tortura, desaparición y asesinato de 30 mil ciudadanos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
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