Así lo decidió durante una reunión con el Consejo de Seguridad Nacional, a partir de la situación generada por el reinicio de la edificación de un canal ejecutado por particulares haitianos, cuyo propósito es desviar las aguas del río Masacre o Dajabón.
Al término del encuentro, el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, ofreció una rueda de prensa para anunciar los resultados de la reunión, convocada con carácter urgente.
Figueroa informó que el referido Consejo suspendió la entrada a territorio dominicano de los involucrados en el conflicto, detuvo la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso y decidió mantener el cierre total de la frontera por Dajabón (ciudad fronteriza en el norte con Haití).
Si el conflicto no se resuelve antes del jueves próximo, puntualizó que el Consejo determinó la clausura de la frontera en su totalidad para el comercio terrestre, marítimo y aéreo.
Agregó que en la reunión se resolvió, además, reactivar la toma de la Aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigía, como una medida a corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores locales.
De igual manera, comenzará la construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo.
Por último, informó que se solicitará una reunión bilateral de la mesa hídrica binacional con el interés de acordar una solución definitiva.
Junto al jefe de Estado se encontraban los ministros de la Presidencia, Joel Santos; Administrativo y Financiero de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Interior y Policía, Jesús Vázquez y de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, entre otros altos funcionarios.
El Consejo de Seguridad Nacional es un órgano consultivo creado el 12 de febrero de 2021 con la finalidad de asesorar al Poder Ejecutivo en cuestiones de políticas públicas y estrategias de seguridad y defensa nacional.
De acuerdo con el Gobierno, las informaciones proporcionadas por el servicio diplomático y los organismos de investigación del Estado indican que los trabajos del canal son ejecutados por particulares y sus promotores son empresarios y políticos que buscan garantizar el agua con fines comerciales.
Refirió que las autoridades haitianas afirman que no respaldan ni participan en el proyecto e igual admiten que no tienen la capacidad para resolver conflictos internos, debido a la pérdida del monopolio de la fuerza del Estado a manos de organizaciones criminales.
El Ejecutivo nacional sostuvo que este plan viola el artículo 10 del Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje entre los dos territorios vecinos y es impulsado por agentes haitianos con la intención de perjudicar a su propio gobierno y generar un conflicto bilateral.
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