Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores señala que convocó al al coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulic, “a fin de transmitirle formalmente la extrañeza del Gobierno peruano por el pronunciamiento del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú del 7 de septiembre”.
El pronunciamiento mencionado planteó preocupación por el acuerdo del Parlamento de mayoría conservadora, de investigar en dos semanas a los siete integrantes de Junta Nacional de Justicia (JNJ) -que nombra y fiscaliza a jueces y fiscales- para su posible destitución.
La declaración consignó que la JNJ “tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de justicia en el país”.
La Cancillería respondió cinco días después de la declaración y al día siguiente del pedido de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, de expulsión de Garafulic.
Dicha respuesta agrega que “el Ministerio de Relaciones Exteriores le recordó al funcionario internacional el marco en el cual se deben desarrollar sus funciones, en estricto cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.
Los analistas internacionales Farid Kahhat y Óscar Vidarte opinaron tras el pedido de expulsión de Garafulic, que el mismo no corresponde porque las relaciones internacionales son atribución de la Presidencia de la República.
Fuerzas políticas de izquierda y centro consideran que el parlamento busca reemplazar a los miembros de la JNJ en el marco de una estrategia derechista de copamiento de la institucionalidad estatal que, además del sistema de justicia, incluye a los organismos electorales, con el fin de perpetuarse en el poder.
rgh/mrs
