El entidad subrayó que, según los protocolos establecidos para el uso de ese tipo de armamentos, los disparos deben realizarse de forma parabólica y no horizontalmente hacia el cuerpo de los manifestantes.
‘Sin embargo, hemos evidenciado que la Fuerza Pública viola sistemáticamente estos protocolos y que, además, este uso de las armas de letalidad reducida aumenta las posibilidades de causar heridas permanentes y de causar heridas letales’, recalcó.
Esta práctica no ha ocurrido sólo durante el paro nacional del 2021, pues registran múltiples hechos previos, aseguró.
Recordó el asesinato de Dilan Cruz en el 2019 producto de un proyectil disparado de manera directa e intencionada con una escopeta calibre 12 por parte de un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Añadió que el proyectil impactó al joven de 18 años en la parte posterior de la cabeza, lo cual le ocasionó la muerte días después.
Temblores contabilizó desde el 28 de abril, cuando comenzó el paro nacional contra el gobierno de Iván Duque, 198 casos de uso de armamento en contra de los manifestantes, de ellos 167 resultaron heridos.
También registró 62 personas con heridas oculares, 61 con lesiones en otras partes del rostro, por el uso de esa arma.
De acuerdo con la plataforma Cuestión Pública, entre 2017 y 2021, 20 entidades estatales suscribieron al menos 30 contratos y dos órdenes de compra por sumas millonarias para adquirir artefactos de letalidad reducida y elementos de dispersión de multitudes.
Añadió que el monto total de los procesos equivale a comprar más de un millón 30 mil vacunas de Pfizer contra la Covid-19, a 12 dólares cada una.
Tanquetas blindadas, cartuchos eléctricos de aturdimiento de 37 milímetros y cartuchos eléctricos de gas para, ambos para la Venom, un sistema lanzador de municiones no letales que puede combinar el uso de municiones de estruendo, cegadoras y de humo, son solo algunas de las compras.
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