En su primera declaración oficial a propósito del conflicto por la construcción de un canal de riego en el torrente compartido, las autoridades de Puerto Príncipe afirmaron que tomaron nota de la decisión de Santo Domingo de cerrar la frontera a partir de mañana viernes.
En el disfrute de su soberanía, la República de Haití puede decidir explotar todos sus recursos naturales, señala la nota del Ministerio de Comunicación y asevera que las autoridades tomarán las medidas necesarias para proteger los intereses de su pueblo.
El texto insiste en que “Haití tiene pleno derecho a extraer agua según lo dispuesto en el Acuerdo de 1929”, y llamó a que se proteja la vida y los bienes de la población a lo largo de toda la frontera, en cada país, al tiempo que exigió respeto a todos los convenios internacionales sobre esta materia.
El Gobierno afirmó también que opta por el diálogo, que, a su juicio, comenzó bien entre las delegaciones de ambos países, hasta que el presidente dominicano Luis Abinader decidió, por su cuenta, anunciar el cierre fronterizo.
En este sentido, alentó a la población a mostrar moderación y tranquilidad y anunció la adopción de medidas para que la llanura de Maribaroux sea adecuadamente regada bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente.
En los últimos días crecieron las tensiones entre los países por la reanudación de las obras del canal de riego en el norte del país, detenidas desde 2021.
Según denunció Santo Domingo, la construcción es obra de privados con intereses comerciales y aseguró que el canal desviaría el curso del río.
Además del cierre fronterizo, República Dominicana suspenderá los visados a ciudadanos haitianos, así como el comercio por tierra, mar y aire.
También anunció sanciones contra exparlamentarios, políticos y exfuncionarios a los que acusa de financiar la construcción de la toma de agua.
En Haití varias voces se levantaron contra la presión del Gobierno dominicano y recordaron que en 2021 ambos países firmaron una declaración conjunta en la que se establecía que el canal no desviaría el curso del río.
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