El 1 de septiembre de 2022, un individuo llamado Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la exjefa de Estado, pero el arma no se disparó.
El hombre, su novia Brenda Uliarte y otro sospechoso (Gabriel Carrizo) permanecen detenidos.
La jueza María Eugenia Capuchetti se negó a analizar los lazos de esas personas con la organización ultraderechista Revolución Federal, la cual recibió financiamiento de la compañía Caputo Hermanos, cuyos dueños están relacionados con el expresidente Mauricio Macri.
Tampoco indagó sobre la presunta relación de Milman con los hechos y la implicación de la líder de Propuesta Republicana y aspirante a la Presidencia de este país, Patricia Bullrich, en la eliminación de datos de teléfonos de varios testigos.
Poco después del ataque, un hombre declaró que dos días antes del suceso, en el bar Casablanca, ubicado cerca del Congreso, escuchó decir a Milman a dos mujeres que lo acompañaban: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
Ivana Bohdziewicz, una de las asesoras que estaba en el bar, expuso en una tercera declaración que no vació su celular por voluntad propia, sino que la llevaron a las oficinas de Bullrich, donde un perito lo hizo.
Sin embargo, no fue hasta el 17 de agosto de este año que la Cámara Federal capitalina autorizó el análisis del móvil del diputado de Juntos por el Cambio.
Los abogados de Fernández, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, presentaron un recurso contra la decisión de Capuchetti de no poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Milman facilitada por compañías telefónicas.
«Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos que lo que aquí se investiga es un intento de asesinato contra la vicepresidenta», advirtieron.
También señalaron que el comportamiento de la jueza cada vez despierta mayores sospechas sobre las obstrucciones a la producción de prueba, las cuales parecen ser producto de mala voluntad y no de incompetencia.
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