Así lo informaron fuentes castrenses, tras la vasta operación que abarcó ayer la comandancia general del Ejército y siete de las llamadas grandes unidades de esa fuerza militar, en la ampliación de las pesquisas iniciadas en agosto último.
Hace un mes se reportaron incursiones de la fiscalía anticorrupción en unidades militares del norte del país, luego de la detección de la contratación ilegal de transporte para las tropas encargadas de la custodia de las mesas de votación en los comicios regionales y municipales de octubre de 2022.
Los fiscales y policías anticorrupción allanaron ayer la Dirección General Administrativa para la Defensa y las oficinas de Presupuesto, Administración y Logística del cuartel militar del Ejército, la sede castrense más importante del país.
También incursionaron en oficinas de la comandancia de la Primera Región Militar de la norteña zona de Piura y otras unidades de ese territorio y de la demarcación de La Libertad y Áncash, también en el norte.
Según las investigaciones en curso, el entonces comandante general del Ejército, Walter Córdova, autorizó la contratación directa del transporte basado en un informe, según el cual esa división no contaba con vehículos para trasladar al personal a los colegios de votación.
Las sospechas surgieron cuando los investigadores verificaron que la empresa contratada fue creada para tales efectos con un capital mínimo y carecía de experiencia en el rubro del transporte.
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