Sin la presencia del presidente electo de la nación, Bernardo Arévalo, la cuarta y última reunión del año del ente coordinador enfocó el monto a cubrir necesidades de infraestructura en áreas como agua y saneamiento, drenajes, salud, educación y rehabilitación de carreteras, entre otros.
El mandatario actual del país y líder de Conadur, Alejandro Giammattei, señaló que el ganador de las pasadas elecciones no atendió la invitación al haber suspendido la transición de gobierno iniciada y lamentó que haya sido así.
Para mí hubiera sido lo más correcto darle a él la bienvenida, presentárselo a ustedes, pero sobre todo, obtener del nuevo jefe de Estado el compromiso con el que hemos trabajado, que es el bienestar y el desarrollo de las comunidades, subrayó.
Planteó que debía respetar al próximo ejecutivo y que no podría indicar la tipología de las obras, ya que no era su responsabilidad, enfatizó.
“Sería principiar a coartar la libertad que tiene que tener un gobierno, de estrechar los lazos con ustedes, de oírlos a ustedes, de explicarles las cosas, para que puedan llegar a definirlas”, remarcó.
En el encuentro participaron representantes de la actual administación, alcaldes, pueblos mayas y garífuna y de sociedad civil.
Giammattei, después de una semana de presentado un cambio a la metodología de la transición por parte del abanderado del partido Semilla, aceptó esta la víspera, aunque señaló la limitación a reuniones sectoriales.
Exhortó al presidente electo a que en esos espacios participen las personas que se ocuparán de dirigir las carteras y secretarías.
Arévalo en un comunicado días atrás recordó que el cambio de mando empezó el 4 de septiembre y Giammattei entregó una metodología para facilitar la transferencia de los elementos entre autoridades salientes y entrantes.
Sin embargo, acotó, el proceso se vio amenazado por el escalamiento de la persecución política judicial e ilegal por parte del Ministerio Público.
El político, calificado de progresista, se vio obligado a abandonar de modo temporal la transición debido a nuevas interferencias de ese ente investigativo contra las elecciones, al allanar cajas con papeletas de la primera vuelta desarrollada el 25 de junio.
Unas jornadas después de su decisión, junto a miles de guatemaltecos, acudió a la Corte Suprema de Justicia para presentar un amparo en busca del restablecimiento del orden constitucional.
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