En un comunicado divulgado aquí, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación tras el enjuiciamiento de González, ex titular de la Cicig, por actividades relacionadas con su trabajo para el organismo.
El texto alertó con preocupación que otros ex funcionarios de la Cicig son actualmente investigados por las autoridades judiciales, en algunos casos por hechos relacionados con su trabajo allí.
En ese sentido, la ONU aseguró que desde el cierre de esa entidad en 2019, varios informes apuntan al uso de procesos penales como represalia contra personas que colaboraron en la investigación y persecución de casos de corrupción.
El comunicado insistió en la importante contribución de la iniciativa y su personal a la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
Además, reiteró el llamamiento a las autoridades guatemaltecas para que, de conformidad con el acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno, protejan al personal de la Cicig de abusos, amenazas, represalias o actos de intimidación a causa de su trabajo para ese organismo.
Claudia González, detenida desde el 28 de agosto, fue señalada por supuesto abuso de autoridad cuando estaba a cargo de una investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling.
El pasado viernes, la exfuncionaria fue procesada en audiencia a puerta cerrada por su presunta implicación en el caso Persecución Penal Ilegal.
El juez le otorgó al Ministerio Público tres meses para que presente el acto conclusivo de la investigación.
El equipo legal González, en tanto, explicó que no le se podía aplicar ese delito porque ella no ejerció como funcionaria cuando laboró para la Comisión.
La Cicig fue una iniciativa de la propia Organización de Naciones Unidas, creada en 2006 y desmantelada de manera unilateral en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales.
A juicio de analistas, el caso de González coincide con la campaña de criminalización y persecución política desde el Ministerio Público de Guatemala contra quienes colaboraron con ese proyecto, que pueden terminar injustamente presos y exiliados.
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