‘El uribismo (seguidores de las doctrinas ultraderechistas del expresidente Álvaro Uribe) con sus congresistas en comisiones segundas sabotearon la discusión y votación para ratificar Escazú’, lamentó el senador Antonio Sanguino de Alianza Verde.
El Acuerdo de Escazú protege cuatro derechos para la defensa del medio ambiente: acceso a la información de proyectos ambientales; participación pública en los mismos; justicia eficaz para dirimir las controversias entre empresas y comunidades; y protección a los líderes ambientales, enfatizó Sanguino.
Sin embargo, los partidos que apoyan al Gobierno, en particular el oficialista Centro Democrático, señalan que el tratado viola la soberanía jurídica del país, al considerar que existen suficientes leyes en Colombia que garantizan la defensa del medio ambiente.
Asimismo, el empresariado representado por la Sociedad de Agricultores, la Federación de Cafeteros, entre otros, desde el año pasado hacen un intenso lobby con congresistas para lograr el archivo de la propuesta de ley.
Según la agenda legislativa, los senadores y representantes a la cámara debían decidir ayer si ratificaban dicho acuerdo en materia ambiental, adoptado en Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y firmado por el presidente Iván Duque en diciembre de 2019.
Para que entre en vigor en Colombia, debe ser ratificado en el congreso que ahora tiene hasta el venidero domingo para definir el futuro de este proyecto de ley, cuando termina la actual legislatura. Impulsado por la Cepal, el Acuerdo de Escazú es considerado el primer tratado multilateral en América Latina y el Caribe sobre asuntos ambientales y que da apoyo a los derechos humanos en general y los ambientales en particular.
Ha sido firmado por 24 países del continente y ratificado por 12 de ellos, México y Argentina fueron los últimos en hacerlo en sus congresos en este semestre.
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