La Cancillería rechazó este domingo de manera categórica un comunicado de las autoridades guyanesas divulgado la víspera, en el que, una vez más, “se muestra como un gobierno subalterno, rehén de la transnacional Exxon Mobil, la cual le prohíbe retomar el diálogo soberano con Venezuela”.
Además de encontrar el camino diplomático para resolver la controversia territorial de la Guayana Esequiba, indicó una nota oficial.
Resulta contradictorio, que hace pocos días, la embajadora de Guyana ante la ONU expresó que, «el Acuerdo de Ginebra de 1966 es, de hecho, el instrumento jurídico vinculante que prevé la solución de la controversia sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 y la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela», aseveró.
Sin embargo, denunció que hoy el gobierno guyanés lo contradiga, al obviar la premisa fundamental de dicho acuerdo, lo cual fue “convenido entre Venezuela y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, antes que la República Cooperativa de Guyana existiese”.
La República Bolivariana reiteró que “no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la controversia”, ya que excluye la naturaleza y objeto del Acuerdo de Ginebra, que propone alcanzar «una solución práctica y satisfactoria» para ambas partes mediante negociaciones políticas.
El comunicado de la Cancillería venezolana manifestó que el tutelaje de las empresas transnacionales “se ha convertido en un peligroso estímulo» a la perturbación de la paz regional y el incumplimiento de las obligaciones internacionales de este país.
También sumó la “conducta temeraria y provocadora” de asociación con el Comando Sur de Estados Unidos, para instalar bases militares en la zona en reclamación.
Venezuela denunció, una vez más que, al margen de la discusión de la frontera terrestre, el Gobierno de Guyana desplegó una serie de acciones ilícitas para disponer de áreas marítimas que están pendientes de delimitación, otorgando licencias de exploración en dichas áreas.
Recalcó que esta situación llegó “al extremo de realizar exploraciones, junto a la Exxon Mobil, en áreas marítimas incontestablemente venezolanas”.
Venezuela exigió, una vez más, al Gobierno guyanés que “desista de la conducta servil” a los intereses de la Exxon Mobil, detenga la militarización de la zona, se apegue a la legalidad internacional y se sienta en la mesa de negociación”, como está obligada por el Acuerdo de Ginebra de 1966 y el Derecho Internacional.
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