El alto comisionado para derechos humanos del organismo, Volker Türk, dijo estar profundamente preocupado por las acciones de las autoridades judiciales, que parecen adoptarse “para socavar el resultado del proceso electoral en Guatemala”.
Se trata, a juicio del experto, de los últimos eventos de una larga lista que parece diseñada para minar la integridad del proceso electoral y el estado de derecho en general.
Sus declaraciones ocurren luego de que el viernes último, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, que opera bajo el Ministerio Público, allanara la sede del Tribunal Supremo Electoral por solicitud del juez del juzgado Séptimo Penal.
Este ordenó la incautación de las actas oficiales que certifican los resultados de los comicios presidenciales de agosto, lo que representa el cuarto allanamiento en esa sede en el contexto postelectoral.
El propio Ministerio Público, además, procura el levantamiento de la inmunidad de los magistrados de esa corte argumentando presuntos delitos de fraude, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Al respecto, el alto comisionado consideró inquietantes los reportes de hostigamiento e intimidación contra funcionarios electorales y personas electas, incluidos el presidente y la vicepresidenta vencedores en los comicios.
En un comunicado, Türk rechazó la incompatibilidad de esas acciones con las leyes internacionales de derechos humanos, al igual que con la Constitución y la legislación de esa nación.
“Pido a todas las autoridades guatemaltecas que se abstengan de cualquier intento adicional de desafiar la voluntad del voto popular”, agregó.
De acuerdo con la oficina de derechos humanos de la ONU, algunos de los cien policías encargados del allanamiento del viernes utilizaron fuerza innecesaria contra los jueces del Tribunal Supremo Electoral y obstaculizaron el trabajo de los periodistas que cubrían el evento.
El país centroamericano enfrenta un complejo contexto que incrementa el riesgo de violencia, alertó Türk al llamar a respetar plenamente el derecho de asamblea pacífica.
El alto comisionado rechazó, además, el acoso y los procesos penales contra ex funcionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por actividades relacionadas con su trabajo de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción.
En ese sentido recordó la contribución crucial de ese ente en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y conminó a las autoridades a cesar cualquier represalia o acto de intimidación contra su ex personal.
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