Si bien la alta corte declaró inexequible dicho decreto emitido por el gobierno de Gustavo Petro para atender la crisis humanitaria de esa región en el extremo norte del país, sí difirió los efectos de su decisión por el término de un año «respecto de la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua».
Al expedir la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira, el pasado 29 de junio, Petro explicó que todas las probabilidades de los modelos climáticos, que las instituciones dedicadas a ese menester presentan, anuncian con mayores probabilidades la cercanía de una sequía sin precedentes.
Las medidas excepcionales presentadas por el Gobierno buscan garantizar la seguridad y soberanía alimentaria en La Guajira, mediante la financiación, comercialización, transporte, almacenamiento, venta o distribución de productos agropecuarios y titulación de tierras.
La situación de crisis en esa área se manifiesta en la falta de acceso a servicios básicos vitales como consecuencia de la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria, los efectos del cambio climático –agravados en los climas desérticos–, y los problemas energéticos por falta de infraestructura, señaló la presidencia.
Ante ese panorama, Petro consideró «absolutamente pertinente decretar la Emergencia Económica y Social, porque se avecina una calamidad pública».
En su decisión de hoy, la Corte exhorta al Gobierno y al Congreso para que, en ejercicio de sus competencias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento y con ello, se garantice la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona.
Asimismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden.
npg/otf
