La esperada medida dispone apoyo operacional durante los venideros 12 meses a la Policía Nacional con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad ante una oleada sin precedentes, caracterizada por los secuestros, la violencia sexual, la trata de personas y el tráfico ilícito de armas, de acuerdo con la resolución emitida.
El despliegue, liderado por Kenya, estará en estricta colaboración con el Gobierno haitiano, luego de que el país africano expresara a finales de julio su disposición para liderar el esfuerzo multinacional.
Se trata de una misión ajena a las Naciones Unidas aprobada a través de la disposición Capítulo VII de la Carta de la ONU, mediante la cual el Consejo puede autorizar el uso de la fuerza después de que se hayan agotado todas las demás medidas para mantener la paz y la seguridad internacionales.
Tras la votación, que tuvo 13 miembros a favor y dos abstenciones, el canciller de Haití, Jean Victor Geneus, calificó la decisión como una expresión de solidaridad con una población en apuros.
En su discurso el pasado 22 de septiembre, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, llamó a la Asamblea General a hacer frente a la crisis “estructural y multidimensional” que enfrenta la nación.
Ante la limitada capacidad de respuesta del Ejército y de la Policía Nacional, reconoció que la violencia de las pandillas “pone en peligro no solo al país, sino a toda la región”.
«En nombre de las mujeres y niñas violadas cada día, de las miles de familias expulsadas de sus hogares, de los niños y jóvenes de Haití, a quienes se les ha negado el derecho a la educación y a la instrucción, en nombre de todo un pueblo que es víctima de la barbarie de las pandillas, insto a la comunidad internacional a actuar rápidamente”, urgió.
El mecanismo tiene además como propósito facilitar la entrega de ayuda humanitaria incluso en zonas de difícil acceso por la acción de las bandas.
La misión será financiada por contribuciones de las organizaciones regionales y Estados miembros, a quienes la ONU instó a contribuir con personal, equipos y otros recursos logísticos y financieros, así como prevenir contrabando de armas al país para evitar que llegue a las bandas.
Esta iniciativa debe cumplir su mandato de acuerdo con el derecho internacional y humanitario y tienen el deber de proteger a los más vulnerables, especialmente a las niñas y niños.
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