Al presentar el Informe Institucionalidad Social en la región, el secretario ejecutivo de ese mecanismo de la ONU, José Manuel Salazar-Xirinachs dijo que esa es una de las bases de nuevas políticas públicas de calidad, efectivas y sostenibles.
El documento fue preparado por un grupo de expertos de la Cepal, quienes señalaron la importancia de integrar los objetivos sociales con los de aumento productivo y mercado de trabajo, para generar mayor bienestar entre la población.
Durante el acto, en la jornada inicial la Quinta Conferencia Regional de Desarrollo Social, Salazar-Xirinachs hizo un recuento de la situación en la mayoría de los países del área, la cual es peor con respecto a la llamada década perdida de los años 80 del siglo pasado.
Con un Producto Interno Bruto de apenas 0,8 por ciento, que no es resultado de las crisis actuales sino de un período mucho más prolongado, es necesario emprender las acciones necesarias para curar esa enfermedad, dijo el funcionario.
Recordó cómo esa situación también impacta en el sector laboral, donde el crecimiento de nuevos puestos apenas es de 1,3 puntos porcentuales, a todas luces insuficiente para garantizar lo mínimo necesario entre la población.
“El bajo dinamismo económico implica bajo dinamismo en el mercado laboral”, afirmó Salazar-Xirinachs, y agregó que en América Latina y el Caribe casi el 48 por ciento de los trabajadores son informales y entre las mujeres ese indicador llega hasta los 79 puntos.
Como consecuencia, el 32,3 por ciento de la población está en situación de pobreza y 13,1 en pobreza extrema, cifras que podrían empeorar cuando se actualicen los datos a fin de año.
Además, indicó, hay una gran cantidad de hogares vulnerables en los estratos medios de la sociedad, donde una perturbación económica, o incluso un evento personal, podría hacerlos caer por debajo de la línea de la pobreza.
Para las familias menos favorecidas las transferencias públicas son más importantes que los salarios y las pensiones, las cuales suelen ser mínimas, y eso, explicó, aumenta la responsabilidad de las políticas estatales de protección social.
El informe consta de cuatro capítulos con un análisis acerca de los avances de la institucionalidad social en la región; un estudio comparativo entre América Latina y el Caribe con la Unión Europea, y el papel de la gobernanza y la transparencia.
Finaliza con una serie de indicaciones para alcanzar políticas sólidas, activas y verificables y posibilitar el logro de los objetivos sociales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
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