La excandidata presidencial Verónika Mendoza, del MNP, rechazó la acción a cargo de elementos no identificados y señaló que “cada vez vemos más casos de hostigamiento y persecución a dirigentes sociales y políticos opuestos al régimen” de la presidenta Dina Boluarte.
Advirtió que “si pretenden asustarnos y callarnos, sepan que no lo lograrán, el MNP seguirá haciendo política pase lo que pase”.
Desde el exterior, el Grupo de Puebla de organizaciones progresistas latinoamericanos hizo llegar a Perú un mensaje, según el cual, el registro de la vivienda e García Naranjo evidencia que el estado de derecho de Perú está en peligro.
La operación tuvo el objetivo de “amedrentar y amenazar a dirigentes que quieren un Nuevo Perú”, señala la comunicación, que exige se investigue el gravísimo hecho y cese la persecución política en este país.
El Partido Comunista– Patria Roja de Perú manifestó su solidaridad con la dirigente por el allanamiento de su casa y atribuyó la acción a lo que llama “la dictadura de Dina Boluarte”.
La organización progresista Fuerza Ciudadana también se solidarizó con García Naranjo y exigió al gobierno explicaciones y el cese inmediato de medidas ilegales como la denunciada.
Según la dirigente, los intrusos entraron a la fuerza en su casa en su ausencia y la registraron violentamente, aduciendo que buscaban documentos.
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