El equipo de 24 personas nombradas a partes iguales por el Senado y la Cámara de Diputados tiene representantes de diversos sectores políticos del país, además de juristas y académicos.
La tarea de los expertos era revisar y, en caso necesario, modificar el borrador elaborado en el Consejo Constitucional, donde la extrema derecha y los partidos conservadores tienen mayoría absoluta e impusieron normas afines a sus intereses.
Sin embargo, la falta de consenso impidió llevar a cabo este objetivo y solo hubo acuerdos en algunos puntos.
Uno de ellos fue mantener en el artículo uno de la ley fundamental el concepto de que Chile es un Estado social y democrático de derecho, y se eliminaron ideas como la objeción de conciencia institucional y la expulsión inmediata de los migrantes en situación irregular.
También fue proscrito el párrafo donde se exime del pago de impuestos a la primera vivienda de las familias, destinada a favorecer a las capas más altas de la sociedad.
Por falta de acuerdos quedó vigente el principio de la obligación del Estado de defender la vida del que está por nacer, el cual podría derivar en la prohibición del aborto por inviabilidad fetal, violación o peligro grave para la madre.
No fue aceptada una modificación para garantizar por ley la inclusión de representantes de los pueblos indígenas en el Congreso Nacional.
El proyecto pasó a manos del Consejo Constitucional, donde se discutirán las enmiendas a partir del lunes venidero, si bien el extremista Partido Republicano anunció su intención de eliminar todo lo que vaya en contra de lo redactado originalmente.
Numerosas personalidades en Chile, incluso de la derecha, critican el texto del Consejo por considerarlo más bien como un programa partidista y no una carta magna donde estén incluidos todos los ciudadanos.
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