Una de las principales inquietudes es que en el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 el programa gubernamental destinado a atender las necesidades de quienes sufrieron lesiones durante esos días no recibirá recursos financieros para llevar adelante sus actividades.
Según un recuento del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, entre el principio de las protestas y el 20 de marzo de 2020 fueron agredidas por los carabineros y otras fuerzas de seguridad un total de tres mil 451 personas.
De ellas 551 resultaron torturadas, 660 sufrieron violencia innecesaria, dos mil 232 recibieron apremios ilegítimos y hubo ocho muertos.
Cuando faltan pocos días para el cuarto aniversario de ese levantamiento popular, Juan Francisco Alarcón, presidente de la Agrupación de Víctimas de Violencia por Agentes del Estado aseguró que no existe voluntad de aplicar justicia y garantizar la no repetición.
Sabemos, dijo, que la conformación de la Cámara de Diputados y del Senado es adversa, hay muchos cerrojos y trabas para beneficiar a los sobrevivientes del estallido y sus familiares, pero esperamos, agregó, una respuesta del Presidente y del Estado al respecto.
Camila Valdés, de la Coordinadora de Víctimas de Perdigones, cuestionó que el programa de apoyo por trauma ocular no incluya a quienes sufrieron otro tipo de vulneraciones.
Señaló que la reparación debe ser para todos, pero falta por atender a los torturados, a quienes siguen presos injustamente y a los familiares de los fallecidos.
La abogada Karinna Fernández precisó que no tiene respuesta en muchos de los casos presentados ante la justicia, incluido el de Alex Nuñez, quien fue asesinado durante el estallido social.
Consultados por Radio Universidad, los líderes y expertos también criticaron la actitud de los partidos políticos de derecha, opuestos a conceder pensiones de gracia a los afectados por la represión policial.
Ante la proximidad del cuarto aniversario del inicio de aquellos acontecimientos, el gobierno anunció el despliegue adicional de cuatro mil carabineros en esta capital, con el argumento de garantizar la tranquilidad ciudadana.
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