El texto fue redactado por el Consejo Constitucional, en el cual el extremista Partido Republicano junto a la coalición conservadora Chile Vamos tienen mayoría absoluta y capacidad de veto.
Debido a esa circunstancia impusieron una serie de medidas que eliminan garantías ya conquistadas, como la posibilidad del aborto en caso de riesgo para la vida de la madre, malformación fetal o cuando el embarazo es producto de una violación.
También restringieron el derecho a huelga de los trabajadores, pusieron serias limitaciones al papel de los sindicatos y consagraron la privatización de servicios esenciales, entre ellos la salud, la educación y las pensiones de los jubilados.
El borrador, impuesto por esa aplastante mayoría derechista, fue revisado por una comisión de expertos que hizo numerosas enmiendas y ahora está en manos de un equipo mixto para redactar los puntos en los que no hay consenso y debe estar listo a más tardar el 2 de noviembre.
Hugo Gutiérrez, coordinador de la plataforma, declaró a Prensa Latina que esa ley fundamental “no es la casa de todos los chilenos, sino la de un sector, una secta, como lo es el Partido Republicano”, y por eso son enfáticos en llamar a votar en contra el 17 de diciembre.
Ese día tendrá lugar un plebiscito con sufragio obligatorio, que decidirá la aprobación o rechazo de la Carta Magna considerada como regresiva y peor aún que la impuesta por la dictadura militar en 1980, donde están asentados los principios del sistema neoliberal.
Gutiérrez señaló que en la iniciativa por el voto en contra están agrupaciones opuestas a la institucionalidad heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), la cual -dijo- se alargó hasta el día de hoy.
“Tenemos claridad de la urgencia de oponernos a un proceso constitucional ilegítimo, hecho a espaldas del pueblo, donde se excluye a las comunidades originarias”, acotó el dirigente.
Hace pocas horas, señaló, el gran empresariado chileno manifestó su apoyo al proyecto constitucional de la extrema derecha y recordó que son los mismos que el 11 de septiembre de 1973 apoyaron el golpe de Estado contra la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende.
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