Dijo que la medida va contra los de arriba, no de los trabajadores, porque el ajuste es con los que ganan mucho, están colmados de privilegios, y es insultante que ganen 700 mil pesos mensuales (40 mil dólares).
Sin embargo, su desempeño es muy precario, ineficiencia y no imparten justicia en beneficio del pueblo pues se dedican a proteger intereses de corruptos, ese es su trabajo, y hay muchísimos elementos probatorios, dijo.
En su conferencia de prensa matutina el mandatario los acusó de no hacer nada en beneficio del pueblo en las últimas cuatro décadas. Al contrario, han avalado todas las reformas a la Constitución en contra del trabajador y a favor de los intereses de la nación, expresó.
Los acusó de permitir una política laboral contraria a los intereses de los obreros, a quienes les han quitado prestaciones sociales, legalizado las privatizaciones, eliminado exenciones a trabajadores, privatizar ejidos, minas, el petróleo, la industria eléctrica, apoyar a empresas extranjeras beneficiadas con la privatización, y les conceden amparos.
Ni siquiera, dijo, procesan a los delincuentes de cuello blanco, son los principales protectores de Genaro García Luna (exsecretario de Seguridad), preso por corrupto en Estados Unidos, e incluso su hombre de confianza es contratado también como brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Nacional, Norma Piña, y ahí está.
Ahora el exmagistrado José Ramón Cossío, un protector de los corruptos del grupo del jefe de los conservadores Claudio X González, defensor e impulsor de las privatizaciones realizadas por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, presentó la impugnación a la eliminación de los fideicomisos.
Fue el magistrado que impidió se investigara el incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 niños y 150 resultaron heridos para proteger a sus dueños, y que defendió a brazo partido a las empresas eléctricas extranjeras, y es uno de los que recibe una millonaria pensión ilegítima por vía de los fideicomisos, denunció.
López Obrador explicó que, para enfrentar absolutamente todos los gastos del Poder Judicial, incluidos los salarios que realmente deberían de ganar, alcanza y sobra el presupuesto asignado y los fideicomisos están demás. Por eso el objetivo es entregar esos 857 millones de dólares a dos millones de niños pobres para sus becas.
Ni siquiera los tienen que regresar a Hacienda, sino que irán directamente a las familias de esos niños de prescolar, primaria y secundaria, sin intermediarios.
Es mi palabra, y no digo mentiras, de que los trabajadores no van a ser perjudicados en nada como les están diciendo.
Yo soy la garantía de que no se les va a tocar a los trabajadores nada de sus sueldos ni de sus prestaciones para que no los manipulen como están haciendo ahora los jerarcas del Poder Judicial y los conservadores que los lideran, señaló.
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