El documento conocido este jueves y que también señala al empresario Reynold Deeb, aseguró que los políticos y élites económicas suelen pagar a las bandas en especie o en metálico para obtener votos o proteger sus bienes.
La práctica ha enriquecido progresivamente a las pandillas y les ha dado más poder, de acuerdo con el documento.
El informe indica que Martelly, quien gobernó el país caribeño de 2011 a 2016 utilizó a las bandas para extender su influencia en los barrios con el fin de avanzar en su agenda política, contribuyendo a un legado de inseguridad cuyos efectos se siguen sintiendo hoy en día.
Asimismo, amplía que el también expresidente del partido Tet Kale (Cabezas Rapadas) entabló relaciones con los grupos armados de Grand Ravine, Ti Bois y Village de Dieu, y creó la pandilla Base 257 con el fin de impedir las manifestaciones contra el gobierno en Pétion-Ville, principal centro comercial del país.
De acuerdo con declaraciones de líderes de bandas recogidas en el documento mantenían una comunicación regular con un intermediario que trabajaba en la unidad de escolta de Martelly que le entregaba armas de fuego y sumas de dinero.
En cuanto al exlegislador Prophane Victor, se le acusa de armar a jóvenes de Petite Rivière de l’Artibonite que posteriormente crearon la banda Gran Grif. Su apoyo al grupo criminal continuó hasta 2020, cuando se enemistaron por las promesas incumplidas durante el periodo electoral, afirmó el Grupo de Expertos de la ONU.
Por su parte, el exsenador Youri Latortue, sancionado por Canadá y Estados Unidos, fue acusado de armar y financiar a la banda de Raboteau en el departamento de Artibonite, así como a la pandilla Kokorat San Ras, que les proporcionan protección.
El informe hace también referencia al empresario Reynold Deeb, director general del grupo DEKA, quien pagaría a los grupos armados para proteger su negocio de importación y garantizar el transporte de las mercancías.
Más recientemente, según varias fuentes independientes, Deeb utilizó a miembros de las bandas para presionar a determinados funcionarios de aduanas del puerto e impedir que sus contenedores fueran inspeccionados o interceptados, lo cual le permitía eludir determinados derechos de importación, añadió.
Los expertos aclararon que algunas de estas relaciones pueden haber cambiado con el tiempo como consecuencia de una serie de factores, entre ellos las recientes sanciones unilaterales dirigidas contra figuras políticas y económicas y el retraso de las elecciones y las campañas políticas relacionadas, que generalmente tienen el efecto de reforzar los vínculos entre políticos y los grupos criminales.
mem/ane
