Los convenios rubricados en Barbados entre las delegaciones del Gobierno y la PU , sector extremo de la derecha venezolana, fueron valorados por las principales autoridades como el primer paso para el desmontaje de las más de 930 medidas coercitivas unilaterales impuestas al país por Estados Unidos y aliados.
La firma de los documentos en el Centro de Convenciones de Bridgetown, capital barbadense, estuvo a cargo del jefe de la delegación oficial Jorge Rodríguez y por la oposición Gerardo Blyde, y contó con la mediación y acompañamiento de Noruega, Brasil, Países Bajos, Rusia y México, entre otros.
Los acuerdos abarcaron la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos y protección de los derechos vitales de la nación, dos temas sensibles en el contexto que vive la Republica Bolivariana cuando están previstas elecciones presidenciales el próximo año.
Ya lo había adelantado el presidente Nicolás Maduro en su programa de los lunes Con Maduro +, al reconocer que los pactos son “beneficiosos para el país en el marco de la ley y la Constitución, y para la paz”. El primero de los acuerdos fijó el segundo semestre del 2024 como la fecha oficial para llevar a cabo el proceso electoral presidencial, reconoce el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato de manera libre y conforme a los mecanismos internos, la Constitución y la ley.
Junto a ello promoverán de manera conjunta ante Consejo Nacional Electoral (CNE) un conjunto de garantías para todos, que incluyen el desarrollo de todas las auditorias prevista en el sistema electoral venezolano con la participación de todos los actores políticos, actores internacionales.
Esta prevé la invitación a misiones técnicas internacionales como la Unión Europea, la Unión Africana, el Panel de Expertos de la ONU, la Unión Interamericana de Derechos Electorales y el Centro Carter, con los fines de observar el desarrollo de los comicios.
Asimismo, promover un discurso público y un clima favorable, sin injerencias externas, de respeto a la ciudadanía, la Constitución y las leyes del país, y rechazaron cualquier forma de violencia y acciones que atenten contra la paz territorial de la República Bolivariana.
Sobre el segundo convenio, Rodríguez destacó que tiene trascendental importancia porque está asociado a la defensa del patrimonio que le pertenece a todo el pueblo de Venezuela y a todo nuestro territorio.
Ese arreglo ratifica los derechos históricos, soberanos e inalienables de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y defender la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra de 1966, como instrumento jurídico que compromete a las partes a buscar un arreglo práctico de beneficio mutuo.
Además de defender los bienes y la propiedad de la filial petrolera Citgo, enclavada en Estados Unidos y ahora en disputa judicial por los intentos de su venta.
Rubricados los documentos, el jefe de Estado bolivariano en reunión con la delegación oficial que viajó a Barbados, convocó a una conferencia nacional por la paz, la democracia y el diálogo, en la cual participen todos los sectores sociales y políticos de la nación. Se trata de curar las heridas dejadas por el bloqueo y las sanciones, vamos a pasar la página y a “pensar en grande para hacer del país una patria grande”, subrayó.
En este contexto, Rodríguez informó sobre licencias otorgadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permite a la Empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la venta del combustible y gas, y que responden a los acuerdos adoptados.
La decisión estadounidense, establecida para un periodo de seis meses, permitirá a Pdvsa la producción, exploración, comercialización, venta y exportación de petróleo.
Otras licencias del Tesoro estadounidense consentirán la exploración, producción, comercialización, venta y exportación de gas, y de todo lo relacionado con materiales y servicios para la industria petrolera venezolana, además de permisos a la compañía minera nacional que autoriza las transacciones de la producción y comercialización de oro.
Las licencias abarcaron también al Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa) para que pueda realizar transacciones y prestar servicios para la repatriación de los venezolanos desde cualquier parte de América.
Otro acontecimiento importante de la semana fue el anunció del presidente del CNE, Elvis Amoroso, de establecer el 3 de diciembre venidero como la fecha para realizar el referendo consultivo aprobado por la Asamblea Nacional en defensa de la Guayana Esequiba.
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