En un mensaje radiotelevisado a la nación, el mandatario también instó a respetar las leyes e instituciones, la propiedad privada y pública y el libre tránsito.
En su alocución, el jefe de Estado señaló que no tolerará vandalismo, ni llamados a la anarquía, ni comisión de delito alguno. ”Estos actos serán judicializados. Como lo he reiterado en varias ocasiones, nadie está por encima de la ley”, remarcó.
Cortizo defendió las bondades que ofrece el pacto suscrito con modificaciones con la empresa Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum Minerals (FQM).
Al respecto, precisó que el país está en pleno proceso de recuperación, pero los cierres de calles afectan la economía, impiden llegar a los puestos de trabajo, perturban la tranquilidad de la población, se pierden citas médicas, se dificulta la atención de pacientes en riesgo, indicó.
“Confío en la sensatez, prudencia y tolerancia de los panameños” insistió, luego de explicar que el nuevo contrato permite salvaguardar los nueve mil 387 puestos de trabajo directos de la mina, con una nómina anual de 357 millones de dólares, lo cual se traduce en un aporte anual a la Caja de Seguro Social de 161 millones de dólares.
De igual manera, con ese convenio, dijo, se puede garantizar el pago mínimo anual al Estado de 375 millones de dólares, y de esa manera posibilitar que ningún jubilado o pensionado reciba un salario menor a 350 dólares al mes.
«Hoy anuncio al país que a partir del 20 de noviembre de este año, este aumento será una realidad para 120 mil 315 jubiladas y jubilados», enfatizó.
Además aseveró que se destinan 190 millones de dólares anuales por los próximos 20 años para el programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
Según Cortizo, cuando asumió el Gobierno en 2019, Minera Panamá, S.A. ya estaba operando en el país, explotando y exportando cobre y sus minerales asociados.
Comunicó que ante un fallo de inconstitucionalidad de ese pacto por parte de la Corte Suprema de Justicia (2017), su administración optó por enfrentar una negociación con la empresa minera.
“Tomamos la decisión correcta, no la más fácil”, puntualizó al referirse a las negociaciones con FQM.
Para el gobernante, tras dos años de conversaciones, el actual contrato con Minera Panamá garantiza “muchos mejores términos y condiciones para el país”, que incluyó propuestas y sugerencias de una consulta ciudadana.
El jefe del Ejecutivo subrayó que con el contrato aprobado se regula una operación minera ya existente desde hace años. Sin embargo, los colectivos y organizaciones sociales insisten que se derogue la Ley 406, se declare una moratoria a la actividad extractiva y en un referendo nacional la población con su voto decida si quiere o no un país minero.
Durante más de una semana dichas agrupaciones protagonizan manifestaciones eh la calle, algunas con saldo de heridos por el uso de gas pimienta y perdigones por parte de la Policía para dispersar los cierres viales.
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