Con esa iniciativa el presidente Gustavo Petro busca garantizar el libre ejercicio del voto en los comicios del 29 de octubre de 2023 y que abarca todo el país.
En tal sentido, la Policía Nacional activó un equipo especial de investigadores judiciales que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, tramita las denuncias por posibles delitos electorales reportados hasta el momento en la Costa Caribe, el centro del país y en algunos departamentos fronterizos.
Del total de quejas recibidas por las autoridades judiciales, 140 corresponden a fraude en la inscripción de cédulas, 25 por constreñimiento y 21 por corrupción del sufragante, entre otras.
Los municipios donde se agrupan la mayor cantidad de denuncias son Cartagena, Bogotá, Pasto, Jamundí y Soacha.
Los reportes indican que se registra una disminución de 24 por ciento en hechos de afectación al proceso electoral.
En los pasados comicios para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles en 2019 ocurrieron 891 afectaciones.
Este año suman 679 casos, es decir, 212 menos.
El presidente Gustavo Petro, quien ordenó activar un programa de recompensas para quienes denuncien la compra de votos, posteó en su cuenta de X (antes Twitter) que «se pagará al informante hasta el 10 por ciento del dinero destinado a la compra de votos que pueda ser decomisado por la Policía Nacional».
El próximo 29 de octubre, 39 millones de ciudadanos están habilitados para elegir a 32 gobernadores, 418 diputados, mil 102 alcaldes, 12 mil 72 concejales y seis mil 514 ediles.
rgh/otf
