Sin embargo, la aprobación fue solamente en lo general y la batalla continuará en lo particular tan intensa como hasta ahora, y seguramente los jueces y tribunales seguirán sacando a la calle a trabajadores a protestar, valiéndose de un sindicato acusado de estar al servicio de grandes intereses.
La Cámara Alta, que estuvo sesionando prácticamente sin descanso todo el día de ayer hasta el filo de la madrugada de hoy, aprobó la extinción en lo general por 67 votos a favor y 47 en contra.
El dictamen los elimina todos, pues la oposición no pudo demostrar que tal medida afecta los derechos laborales.
En cambio, el oficialismo dio numerosas cifras y estadísticas de salarios, privilegios y prebendas emanadas de los millonarios fideicomisos que benefician a los magistrados y ministros activos o jubilados.
Al mismo tiempo que demostraron la alta corrupción de jueces con resultados negativos a la impartición de justicia por las liberaciones indebidas hechas de delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco.
Por su parte, los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, votaron en contra y junto a estos, los miembros de la coalición oficialista Olga Sánchez, Rafael Espino y Alejandro Rojas Díaz Durán.
Hoy comienza una batalla más encarnizada pues los senadores inician la discusión sobre los artículos reservados.
De hecho, la oposición reservó todos los preceptos contenidos en la minuta enviada por la Cámara de Diputados, esto es, tanto el 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como los cinco transitorios.
Por supuesto, que ya comenzaron también las impugnaciones en los tribunales, donde los magistrados nadan como peces en el agua y se prevé que habrá una verdadera lluvia de impugnaciones para revertir la extinción de los fideicomisos, si no de los 13, por lo menos de aquellos que más afectan los privilegios de los ministros.
El Gobierno ha instado a la presidenta de la Suprema corte de Justicia Nacional, Norma Piña, a que explique por qué razón ella devenga 700 mil pesos mensuales (cerca de 40 mil dólares) sin incluir las prestaciones indebidas y otros ingresos.
De esa manera, siendo impartidora de justicia y veladora del respeto a la Constitución, gana más que el presidente de la República, quien devenga poco más de 100 mil pesos (más de cinco mil dólares).
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