La medida beneficia a Vizcarra y a otros políticos, en virtud de una ley aprobada por el Congreso que reduce el tiempo que debe pasar para que una causa prescriba y tiene entre sus promotores y beneficiarios al presidente del Parlamento, Alejandro Soto.
Vizcarra asegura que no pidió la prescripción y el juez a cargo del caso la aplicó de oficio, pero aseguró que la acusación por negociación incompatible por la que es investigado ha sido archivada varias veces y reactivada por apelaciones de la Fiscalía.
La apelación fue presentada por la Procuradoría Anticorrupción de la sureña región de Moquegua, jurisdicción de la que era gobernador Martín Vizcarra.
Según la Fiscalía, favoreció a una empresa con el contrato de construcción de un hospital, a cambio de un soborno, lo que niega el exgobernante (2018-2020).
Vizcarra fue destituido en noviembre de 2020 por el Congreso que lo inhabilitó por 10 años por el parlamento, por hacerse inyectar un proyecto vacunal contra el coronavirus, por lo que no puede desempeñar cargos públicos.
Por ello, tras las elecciones de 2021 fue impedido de asumir un escaño parlamentario que había obtenido con la mayor votación alcanzada por un candidato al Legislativo.
Vizcarra fue preguntado sobre la posibilidad de que postule a la presidencia si la inhabilitación le fuera levantada y dijo que eso depende de que encuentre apoyo en la población.
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