Después de análisis este lunes que mantuvo a la ciudadaná atenta, el pleno de magistrados de esa entidad encargada de las votaciones se inclinó por seguir el calendario de los sufragios, según un comunicado emitido.
“Respetuosos del marco legal, luego de completar las tres fases establecidas dentro del proceso electoral, se validaron los resultados electorales”, resaltó el TSE.
Como consecuencia, agregó, se concluye el proceso y con ello se aprueban los resultados de las votaciones generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, cumpliendo con el artículo 245 de la Ley Electoral y de Partidos Politicos.
Por lo anterior, precisó, emitieron el Decreto Número 5-2023, el cual se publicó este día, «oficializando los resultados y dando certeza jurídica a los ciudadanos electos en los diferentes cargos de sufragio popular».
El organismo electoral consideró que estos son inalterables y garantizan la alternancia en el poder y fortalecen el régimen democrático de la nación.
El TSE reconoció y agradeció a los más de 125 mil ciudadanos que integraron las Juntas Electorales Departamentales, Municipales y Receptoras de Votos.
Con tal pronunciamiento entrarán en juego nuevamente, a juicio de analistas, las investigaciones que giran alrededor del proceso electoral y la cancelación del partido Movimiento Semilla, amplio ganador de los comicios.
Los 48 cantones de Totonicapán, que convocaron a protestas el pasado 2 de octubre y Alianza por las Reformas pidieron al TSE una prórroga de manera excepcional, como establecido, para preservar la defensa de la democracia.
Durante las reuniones de fiscales nacionales de partidos políticos con el pleno del TSE los agrupaciones Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS) y Winaq también solicitaron ampliar el periodo electoral, aunque de manera verbal.
El Ministerio Público, considerado un instrumento del pacto de corruptos, ordenó allanar la sede del TSE por presuntas irregularidades en las votaciones, con el secuestro de actas, lo cual provocó esta situación inédita en Guatemala.
Autoridades indígenas mayas presionan ahora ante la sede del ente investigativo y exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y varios de sus funcionarios.
Múltiples entidades locales e internacionales coinciden en señalarlos como promotores de un golpe de Estado contra el binomio vencedor de los comicios (Bernardo Arévalo y Karin Herrera), que debe asumir el 14 de enero de 2024.
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