El convenio, con una duración de un año y por un monto de mil 500 millones de pesos (más de dos millones de dólares), prevé unos 15 viajes con 180 pasajeros cada uno, asevera el periódico La Tercera.
La revelación de la transacción, firmada el 21 de abril, ocurre el mismo día en que el Servicio Jesuita de Inmigrantes (SJM) denunció públicamente la expulsión de al menos una treintena de extranjeros desde esta capital y la norteña ciudad de Arica.
Según la versión digital de La Tercera, el contrato establece que el creciente ingreso clandestino de extranjeros a Chile, principalmente por pasos no habilitados, y que permanecen en forma irregular en el país genera un fuerte aumento en el número de expulsiones administrativas.
Asimismo, se prevén multas a la empresa en caso de incumplimiento de lo pactado, como el pago de cinco por ciento de la facturación del vuelo si se alteran las fechas, horarios o itinerarios sin previo aviso.
Carlos Figueroa, de la dirección del SJM, declaró al rotativo que ya la Corte Suprema advirtió al gobierno esta misma semana que las expulsiones colectivas de inmigrantes son ilegales.
Para Francisca Vargas, directora de la Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados, de la Universidad Diego Portales, la medida del gobierno tiene un carácter populista porque ‘no ataca la raíz del problema’.
Consideró que la política gubernamental de expulsar colectivamente a personas extranjeras del país ‘no tiene ninguna posibilidad de ser una respuesta real frente a la problemática de la migración irregular’.
Sin embargo, el subsecretario del Interior Juan Francisco Galli alegó que se busca cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o si lo disponen los tribunales para sustituir la cárcel por una pena de expulsión.
Admitió que el convenio con Sky Airlines es caro, pero que no primaron consideraciones económicas para llevarlo a cabo.
Según Galli, la ley prevé la expulsión de quienes incumplen gravemente la legislación migratoria, en especial el ingreso por pasos no autorizados, y advirtió que ‘estamos atentos a lo que resuelvan las cortes para ir ajustando los procedimientos para llevar adelante las expulsiones, pero esto no implica detenerlas’.
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