Durante una reunión informativa de la Cámara de Diputados, la integrante de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, solicitó el análisis por los legisladores de proyectos para castigar e inhabilitar a quienes reivindican o intentan ocultar los horrores cometidos durante la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
Por su parte, el miembro de Hijos Carlos Pisoni resaltó la importancia de la educación y la capacitación de los funcionarios públicos, así como la necesidad de considerar un delito los pronunciamientos y actos de ese tipo.
A su vez, Mabel Careaga, hija de la detenida-desaparecida Esther Ballestrino, consideró que las iniciativas legales para combatir ese fenómeno permiten también proteger a las víctimas del terrorismo de Estado y a todos los argentinos.
En tanto el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tavani, instó a continuar la defensa de la bandera de Memoria, Verdad y Justicia frente a los discursos de odio.
Durante su intervención, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky denunció recientes declaraciones de la candidata a vicepresidenta por La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, a quien acusó de negacionista, reivindicar genocidas y despreciar las instituciones democráticas.
En su perfil en la red social X, Villarruel repitió su discurso contra las organizaciones antes mencionadas e intentó difamar su lucha.
El nieto recuperado Guillermo Pérez rechazó esas afirmaciones y expresó su preocupación por la existencia de aspirantes a gobernar esta nación que niegan lo ocurrido durante el régimen que desapareció a 30 mil personas, entre ellas sus padres.
Me moviliza mucho escuchar expresiones como que lo que sucedió en aquellos años fueron sólo “excesos”. No fueron excesos sino crímenes de lesa humanidad y un plan sistemático diseñado para quedarse con los hijos de las víctimas en aquella dictadura genocida, afirmó.
Los legisladores analizan la modificación del artículo 213 del Código Penal para fortalecer el enfrentamiento a esos comportamientos, el establecimiento de condenas de tres meses a dos años en prisión, multas, destituciones e inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años, entre otras acciones.
Además, estudian recursos para impedir que sean candidatos a puestos electivos quienes reivindiquen el terrorismo de Estado y debaten la creación de un Observatorio para la Convivencia Democrática que tendrá entre sus objetivos diseñar acciones académicas contra los discursos de odio y la violencia.
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