El proyecto resultó de un proceso de consulta a una escala sin precedentes en el sistema de las Naciones Unidas, con más de 10 mil contribuciones de 134 países recogidas a lo largo de los últimos 18 meses.
Como resultado la iniciativa propone medidas en torno a siete principios que deben respetarse como el impacto sobre los derechos humanos y la necesidad de establecer reguladores independientes y públicos, con un papel claramente definido y recursos suficientes para llevar a cabo su misión.
Estos trabajarán en red y en estrecha coordinación, para evitar que las empresas digitales se aprovechen de las disparidades regulatorias entre los países, de acuerdo con el plan de acción.
Al mismo tiempo, establece que la moderación de contenidos sea posible y eficaz a la escala adecuada en todas las regiones y en todas las lenguas mientras que exige responsabilidad y transparencia en los algoritmos, cuya mecánica se basa con demasiada frecuencia en provocar exageraciones en detrimento de la fiabilidad.
Las plataformas deben tomar más iniciativas para educar y formar a los usuarios en el pensamiento crítico y los reguladores y redes más contundentes en las situaciones más delicadas, especialmente durante las elecciones y las crisis.
La directora de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, reconoció la importancia y pertinencia de esta iniciativa impulsada por ese ente.
“La liberación de la palabra a través de la tecnología digital ha representado un inmenso progreso, pero las redes sociales también han acelerado y amplificado la difusión de información falsa y la incitación al odio, lo que plantea graves riesgos para la sociedad, la paz y la estabilidad”, dijo.
Para proteger el acceso a la información, debemos regular sin demora estas plataformas, protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión y los derechos humanos, aseveró Azoulay al presentar el informe.
De acuerdo con la ONU, los representantes de los reguladores independientes acogieron favorablemente la iniciativa de la Unesco.
Varios de ellos, sobre todo en África y América Latina, se mostraron dispuestos a empezar a aplicar estas medidas.
Con este fin, la Unesco anunció la organización de la la primera Conferencia Mundial de Reguladores a mediados del venidero 2024.
“Hay un requisito cardinal que ha guiado nuestro trabajo: el de preservar siempre la libertad de expresión y todos los demás derechos humanos», agregó la titular de la Unesco.
Coartar o restringir la libertad de expresión sería una solución terrible; los medios de comunicación y las herramientas de información libres, de calidad e independientes son la mejor respuesta a largo plazo a la desinformación, explicó.
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