A principios de noviembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su preocupación por la situación de las víctimas en áreas ocupadas por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), en la zona occidental del país.
Afirmó que ellas fueron “secuestradas, encadenadas y retenidas en condiciones inhumanas y degradantes, similares a las de la esclavitud” y eso se vincula con la lucha armada por poseer la autoridad que desde hace más de seis meses atormenta a la nación.
El territorio, que sufrió cinco años (de 2003 a 2008) un cruento conflicto armado, lo integran tres estados: Darfur del Norte, Darfur del Sur y Darfur del Oeste, los cuales compartieron las vicisitudes de la contienda y las esperanzas de paz.
Según observadores, lo que ocurre allí es un botón de muestra que puede extenderse a otras regiones, donde el rehén femenino sería también empleado como un arma más en el conflicto bélico.
“Los cuerpos de las mujeres están siendo utilizados como herramienta de guerra”, afirma la académica Ewelina U. Ochab, como consecuencia de la escalada de combates entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las RSF, y su incidencia en los civiles.
Esa contienda desatada a partir de discrepancias entre los mandos de los dos órganos castrenses respecto a su participación en el Ejército sudanés de la transición política, sucedió al derrocamiento del presidente Omar Hassan al Bashir en 2019.
Desde hace seis meses, el conflicto hunde a Sudán en una guerra considerada “brutal”, causante de miles de muertos, más de 5,7 millones de desplazados y que unos 25 millones de personas identificadas como vulnerables requieran ayuda humanitaria.
LA CÚSPIDE ROTA
Desde principios de año se conoció la causa del disenso de las jefaturas de las tropas gubernamentales y las milicias de las RSF, encabezadas por los generales Abdel Fattah al Burhan y de Mohamed Hamdan Dagalo, respectivamente.
De acuerdo con acusaciones de este último, los mandos del Ejército pretendían apoderarse de los cargos más importantes de la nómina militar en el inestable período de transición y excluir del poder al componente paramilitar.
Como argumento, en declaraciones públicas Hamdan Dagalo, vicepresidente del Consejo Supremo encabezado por Al Burhan, destacaba la importancia de las milicias en la guerra en la región de Darfur y en el mantenimiento de la estabilidad en esa zona.
El debate se avivó y devino enfrentamientos, la ocupación de posiciones en ciudades y en el área rural, así como el persistente intercambio de acusaciones, que trascurre pese a intentos mediadores foráneos.
Este conflicto interno ganó fuerza y se extendió a finales de agosto de 2023 al estado de Darfur del Norte, donde al menos 27 localidades resultaron incendiadas por las facciones paramilitares y milicias árabes aliadas.
Según diversos análisis, resolver el disenso enfrenta el rechazo empecinado de las partes a ceder, a pesar de los llamados de líderes internacionales, debido a que prestan más atención a intereses de grupos por las cuotas de poder que a la seguridad nacional.
Aunque no se distingue a simple vista, el conflicto aúna una amplia gama de contradicciones de la sociedad sudanesa comenzando por el fenómeno del subdesarrollo y sus versiones racistas, étnicas y de gobernanzas erradas, entre otras.
Así como el golpe de Estado en 2019 contra Al Bashir fue parte de una crisis económica empeorada por medidas de ajuste estructural, la actual guerra es un factor del cuasi invalidado período de transición o de supuesta transformación política.
VÍCTIMAS Y ESCENARIO
Ya Darfur -hogar de los fur- sufrió una contienda bélica (2003-2008) que enfrentó a tropas regulares y sus afines del janyauí -jinetes armados- con movimientos guerrilleros, evento que causó unos 300 mil muertos y un millón 880 mil desplazados.
La guerra transcurrió durante el período de gobierno de Al Bashir y contó con las movilizaciones de milicias paramilitares, que la propaganda de Occidente acusó de ser bandas sangrientas atacantes de asentamientos civiles.
El janyauí o manojo de milicias árabes constituye la base de las RSF y supuso que en el nuevo orden institucional sudanés le correspondería un rol de primer nivel, lo cual no ocurrió, por lo que se siente marginado del poder.
No obstante, el expediente de ese haz de facciones incluye graves violaciones de los derechos humanos durante el conflicto darfurí, por lo que algunos de sus principales jefes aún son procurados por la justicia internacional.
Pero, de hecho, si algunos de esos acusados ocuparan cargos importantes en la reconfiguración institucional sudanesa, podrían quedar fuera del alcance de cualquier condena, lejos de sus presuntas víctimas y al amparo de los entendimientos en la élite.
*Redacción de África y Medio Oriente
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