Señalan que el texto “restringe las posibilidades de políticas sociales efectivas y el potencial de crecimiento del país”, y si bien hay temas debatibles, en su contenido general basta para votar en contra durante la consulta pública, aseguraron.
Precisaron que en caso de ser aprobada esa ley fundamental, creará mayor incertidumbre en torno a la economía nacional, así como problemas de funcionamiento institucional.
Pusieron como ejemplo el acápite que elimina el pago de las contribuciones a la primera vivienda de las familias, una medida calificada por ellos como regresiva y populista.
En Lota, pequeña comuna cercana a la ciudad de Concepción, prácticamente ningún hogar debe pagar estos impuestos, pero en Vitacura, una de las zonas más ricas y lujosas de la capital, el ciento por ciento está afectado por esa contribución, destacaron.
O sea que, a la larga, la introducción de esa norma beneficia en particular a los sectores más acomodados, consideraron.
Además, señalaron los profesionales, se pone en riesgo una fuente significativa de recursos indispensables para el buen funcionamiento de los municipios.
El texto fue firmado, entre otros, por Nicolás Eyzaguirre, exministro de Hacienda durante el Gobierno de Ricardo Lagos; Eduardo Bitrán, antiguo titular de Obras Públicas con Michelle Bachellet; y Carlos Ominami, jefe de la cartera de Economía con Patricio Aylwin.
Agregaron que una Constitución puede definir características de instituciones económicas, como la independencia del Banco Central, pero no asuntos de política pública.
El proyecto de carta magna fue redactado por el Consejo Constitucional, en el cual el extremista Partido Republicano y la coalición conservadora Chile Vamos, aprovecharon su mayoría absoluta para imponer artículos acordes con sus intereses.
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