Pereyra, perteneciente al opositor Frente Amplio, se basó en la activación del Sistema de Gestión de Seguridad Pública, con vehículos y filmación de concurrentes a puestos para adherir rúbricas a la campaña que busca 675 mil antes del 8 de julio.
Los senadores frenteamplistas Alejandro Sánchez y Charles Carrera manifestaron que se trata de ‘una grave denuncia que afecta nuestra mejor herencia democrática y que es necesario se aclare’.
El diputado de las mismas filas políticas, Daniel Caggiani, calificó lo ocurrido de gravísimo e ilegal porque la Ley de Inteligencia lo prohíbe, y preguntó en redes sociales si ‘es un hecho aislado y hay más que no lo sabemos’.
Las también legisladoras Bettania Díaz y Micaela Melgar custionaron la eventualidad de utilizar el poder del Estado para perseguir a quienes no estén de acuerdo con el gobierno.
La Comisión Pro Referendo, integrado por decenas de organizaciones sociales, impulsa una recolección final de 100 mil firmas que faltan para conseguir la convocatoria constitucional por la Corte Electoral a la consulta ciudadana.
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