Un comunicado del Ministerio para las Relaciones Exteriores señaló que la medida “les inhabilita de participar en los procesos políticos venezolanos”, al violar los principios sagrados de la Constitución y trasgredir las normas descritas en la Carta de las Naciones Unidas.
Con esta decisión la Unión Europea refleja ante la comunidad internacional, una vez más, la continuidad de su política injerencista en los asuntos internos de la República Bolivariana, con la aplicación de medidas «degradantes, dañinas e injustas», afirmó.
Denunció que en este caso “pretenden castigar a ciudadanos venezolanos que ejercen sus funciones en el marco de la ley”.
La nota reiteró el contenido de la resolución de la ONU aprobada por la mayoría de los Estados miembros el pasado 7 de noviembre, la cual destacó que las medidas coercitivas unilaterales son contrarias al derecho internacional, al Derecho Internacional Humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los Estados.
Venezuela reafirmó “la solidez de su democracia y sus instituciones” y seguirá demandando el cese definitivo de tales medidas, cuyas consecuencias e impacto negativo afectan la posibilidad de un diálogo constructivo y respetuoso entre los Estados.
Instó asimismo a la Unión Europea a evitar las prácticas colonialistas con Estados soberanos como la República Bolivariana y, en su lugar, “crear espacios positivos de cooperación para afrontar con eficacia los retos y desafíos comunes”.
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