Al presentar el informe final del trabajo, el jefe del grupo, Jordi Cañas, expresó que observaron “con estupor y profunda preocupación las acciones de la Fiscalía” que allanó la sede del ente encargado de las votaciones, revisó papeletas y secuestró documentos.
El representante del bloque comunitario remarcó la amenaza existente al proceso de transición de Gobierno encabezado por el presidente electo Bernardo Arévalo, abanderado del partido Movimiento Semilla.
Cañas subrayó que no dejarán solos a los guatemaltecos, y estarán siempre a su lado para luchar por la democracia, mientras calificó de importante la toma de posesión del amplio ganador de los comicios.
El jefe de la MOE UE encomió la participación de la ciudadanía en defensa de la democracia, así como la labor realizada por las Juntas Electorales y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Hicieron gala de un notable espíritu de resiliencia y compromiso” en un contexto marcado por una limitada separación de poderes, severas restricciones a las libertades de expresión y de prensa, acotó.
Incluyó además como amenazas el uso indebido de instituciones cooptadas políticamente con fines electorales y por continuos ataques al Estado de Derecho.
Mencionó 26 recomendaciones incluidas en el informe final, entre ellas precisar de manera clara “los criterios de capacidad, idoneidad y honradez establecidos en la Constitución para evitar interpretaciones arbitrarias sobre la inscripción de candidaturas”.
La misión sumó definir “las disposiciones sobre campaña anticipada, para garantizar que no limiten la libertad de expresión de potenciales candidatos ni el derecho al sufragio pasivo”.
Más de ocho mil observadores nacionales e internacionales acompañaron la segunda vuelta electoral en Guatemala, superior a la cifra registrada en la primera, lo que significó la mayor supervisión en la historia.
Sin embargo, maniobras continuadas de la Fiscalía contra el proceso provocaron que autoridades indígenas mayas y organizaciones sociales impulsaran protestas en las calles del país a inicios de octubre pasado.
Las movilizaciones de los líderes ancestrales y entidades unidas, que cumplen este lunes 43 días consecutivos, hace par de semanas cambiaron de estrategia y se centran ahora en un plantón ubicado ante la sede del MP.
Los manifestantes reclaman la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como del jefe de Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Fredy Orellana.
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