La primera audiencia tuvo lugar la víspera y contó con la participación del titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, integrantes de organizaciones sociales, sobrevivientes y familiares de las víctimas.
El juicio está centrado en delitos cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ciudadanos de la localidad de Villa Constitución en marzo de 1975.
Es una causa emblemática porque aborda la responsabilidad empresarial en crímenes de ese tipo. Entre los acusados se encuentran los exdirectivos de la compañía Industria Argentina de Aceros (Acindar), Roberto Pellegrini y Oscar Torralvo, señalados como el nexo entre esa entidad y las fuerzas represivas, precisó la Secretaría.
Junto a ellos están imputados exmiembros del Ejército, la Policía Federal y provincial y la Prefectura Naval por privación ilegal de la libertad, tormentos, asociación ilícita y homicidios cometidos a partir del 20 de marzo de 1975, añade un comunicado de esa entidad.
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos de Rosario, Adolfo Villate, explicó que se trata del primer caso en la región en el que se indagan los vínculos y la responsabilidad de una empresa en los hechos represivos llevados a cabo en tiempos previos, pero vinculados a la última dictadura cívico-militar en este país (1976-1983).
En aquel momento José Alfredo Martínez de Hoz era el titular de Acindar y más tarde se convirtió en el ministro de Economía del régimen.
Según la investigación judicial, las agresiones contra el movimiento obrero en ese lugar fueron una especie de preámbulo de lo que un año después se extendería a toda Argentina, tras el golpe de Estado contra la entonces presidenta María Estela Martínez, añadió.
Durante los últimos 40 años, en esta nación fueron condenados mil 200 genocidas por su responsabilidad en el terrorismo de Estado.
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