De acuerdo con criterios del experto en derecho constitucional Paolo Bonetti, publicados en el sitio digital del diario Il Fatto Quotidiano, el protocolo previsto en ese acuerdo abre la “posibilidad de una detención automática sin un control judicial adecuado”, en contraposición a lo previsto en las normas de la Unión Europea (UE). Por su parte Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organización regional independiente de la UE, con sede en Estrasburgo, Francia, la cual agrupa a 46 naciones, cuestionó en un dictamen “el impacto de su implementación en los derechos humanos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes”.
En su análisis, Mijatovic se refiere a las repercusiones de ese memorando de entendimiento italo-albanés “en las operaciones de búsqueda y salvamento, la equidad de los procedimientos de asilo y la identificación de personas vulnerables”.
Hace alusión además a “la posibilidad de una detención automática sin un control judicial adecuado, las condiciones de detención, el acceso a asistencia jurídica”.
En tal sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, expresó que “quien critica el memorando entre Italia y Albania no conoce el texto, que no es un tratado internacional” y apuntó que “el 21 de noviembre, por respeto al Parlamento italiano, explicaré lo que está escrito en el acuerdo”.
“También habrá resoluciones y, por lo tanto, el Parlamento participará plenamente en lo que es una opción de solidaridad por parte de Albania y una forma de afrontar juntos el gran desafío de la inmigración ilegal”, aseveró Tajani.
El pacto contempla la tramitación de la solicitud de asilo de los migrantes rescatados en el Mediterráneo por buques italianos, en dos centros en el norte de Albania.
Las estructuras serían construidas, financiadas y operadas por Italia, bajo su jurisdicción, y estarían completamente cerradas, custodiadas por las autoridades italianas y también por la policía albanesa en el exterior.
Serían capaces de albergar hasta tres mil personas a la vez, con un máximo de 36 mil en el transcurso de un año. Cuando se tome una decisión sobre la solicitud de las personas, si es denegada Italia conservará toda la responsabilidad de una posible extradición.
El pasado 8 de noviembre la líder del opositor Partido Demócrata (PD), Elly Schlein, criticó el acuerdo migratorio firmado el día anterior por la primera ministra, Giorgia Meloni y su homólogo albanés, Edi Rama, para construir en el vecino país centros para migrantes irregulares, bajo jurisdicción de Roma.
“Parece una violación abierta de las normas del derecho internacional y del derecho europeo” afirmó Schlein en relación con ese pacto, y apuntó la necesidad de “examinar atentamente el protocolo” del mismo. mem/ort
