El máximo tribunal también detuvo la designación que el Congreso local hizo del magistrado José Arturo Salinas Garza para ocupar dicho encargo, segunda opción a gobernar Nuevo León mientras dure el proceso eleccionario, pues García retomará el cargo si no sale electo presidente de México.
La resolución, sin embargo, deja abierta la puerta para que el Congreso del estado pueda hacer la designación de otro gobernador interino: Se negó otorgar la suspensión en el sentido de que el Congreso se abstuviera de llevar a cabo cualquier designación.
Es decir, que quedan a salvo las facultades del Poder Legislativo local para designar al gobernador interino de dicha entidad, señaló el máximo tribunal.
Samuel García ya tiene autorizada una licencia para ausentarse de su cargo por seis meses, del 2 de diciembre próximo al 2 de junio de 2024, con el fin de buscar sus aspiraciones presidenciales.
Después de conocer de las intenciones del aún gobernador, el Congreso de Nuevo León se apresuró a nombrar a Salinas Garza, presidente del Tribunal Superior de Justicia estatal, como gobernador interino.
El Congreso estatal está compuesto por 42 diputados, 14 de los cuales son del PAN, 14 del PRI, 11 de MC, uno de Morena, otro del Verde y uno más independiente. Al conocer el nombramiento de Salinas Garza, Samuel García afirmó que la designación de gobernador interino que hizo el Prian en el Congreso del estado es completamente ilegal y logró obtener una suspensión definitiva, del juzgado séptimo de distrito, con sede en Reynosa, Tamaulipas, que le permitió poner como interino a Navarro Velasco.
Ahora, el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite la controversia constitucional promovida por el Congreso estatal, quien impugna el nombramiento de Navarro Velasco, y decidió otorgarle la suspensión, anulando por el momento su designación como interino.
A la par, Laynez también admitió otra controversia constitucional promovida por el gobernador Samuel García, quien impugnó el nombramiento del magistrado Salinas Garza con el objeto de no poner en riesgo el principio de separación de poderes previsto en la Constitución federal, afirmó la SCJN.
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