La renuncia de Zaldívar, quien fue presidente de la SCJN y la mayoría de magistrados derechistas que la dominan impidieron su reelección para imponer a la conservadora Norma Piña, profundiza el cisma que hay en el Poder Judicial abiertamente enfrentado al Ejecutivo y al Legislativo donde el gobierno tiene mayoría.
Dicho enfrentamiento se agudizó en los últimos días cuando los diputados del oficialista Morena impusieron su mayoría y aprobaron eliminar 13 de 14 fideicomisos por valor de más de 800 millones de dólares, y ahora impugnado por jueces de tribunales subalternos ante la SCJN, instancia que intentará anular el decreto.
Morena rechazó la víspera una propuesta de la oposición para citar a Zaldívar a comparecer al pleno a fin de que diera a conocer las “causas graves” por las que deja el encargo, el cual concluiría en un año, a lo cual no está obligado el renunciante.
El dictamen será discutido y en su caso aprobado por el pleno en la sesión ordinaria de este miércoles. Al menos, es lo que se espera.
En el dictamen que se avaló se establece que nadie puede ser forzado a desempeñar un trabajo, como lo establece la Constitución Política.
Nadie puede ser forzado a desempeñar un cargo público, es decir, no se puede obligar a nadie a desempeñar una función y un cargo que no desee, porque lo protege también la Constitución, respondieron desde la bancada oficialista a las exigencias de la oposición de que no renuncie.
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