En relación con la iniciativa de ley SB4 aprobada por el Congreso del estado de Texas, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó las medidas antiinmigrantes que pretendan detener el flujo de personas migrantes.
Es una criminalización de la migración, lo que resultará en la separación de familias, discriminación y de perfiles raciales, comunicó la cancillería.
La administración mexicana señaló que si bien reconoce el derecho soberano de cualquier país de decidir las políticas públicas, “respetuosamente externa su derecho legítimo de proteger los derechos de sus nacionales en los Estados Unidos, así como el de establecer sus propias políticas de internación a su territorio”.
En ese sentido, rechazó “tajantemente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”.
México subrayó su preocupación ante el paquete de medidas legislativas que afectará los derechos humanos de las más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al propiciar ambientes hostiles que pueden derivar en actos o crímenes de odio en contra de las comunidades migrantes.
Enfatizó su repudio a cualquier medida que contemple el retorno involuntario de personas migrantes sin respeto al debido proceso.
Añadió qué al tener conocimiento de la presentación de estas legislaciones que atentan contra los derechos de la población mexicana, la Cancillería instruyó a las 11 representaciones consulares en Texas a tomar medidas para reforzar las acciones de asistencia y protección consular de la población.
“El gobierno de México mantendrá sus esfuerzos con el gobierno de los Estados Unidos de América para responder a los fenómenos migratorios y reitera su compromiso con la protección de los derechos de las personas mexicanas que se encuentran en el extranjero”, expresa el comunicado.
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