La operación tuvo lugar en el departamento de Soriano, al noroeste de aquí, y es considerada la de mayor envergadura de su tipo en defensa de los derechos de autor y de las empresas del sector.
Fuentes judiciales informaron que el modus operandi de las tres cableoperadores consistía en contratar servicios domiciliarios de la compañía Directv tanto de Uruguay como de Argentina para tener una amplia oferta de señales que vendían a hogares y comercios.
Según el Grupo R Multimedio, el fraude audiovisual afecta las inversiones, reduce la recaudación fiscal y promueve empleos de baja calidad.
Además pone en serio riesgo los datos personales (bancarios y familiares) de quienes contratan estos servicios, incluso muchas veces sin saber a qué se están exponiendo.
Durante los allanamientos fueron incuatados diferentes equipamientos entre los cuales 59 decodificadores, antenas, controles remotos y otros dispositivos tecnológicos con los que los cableoperadores realizaban las retransmisiones ilegales.
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