Durante la discusión de la iniciativa legal en el Senado de la República, las tensiones entre legisladores de la oposición y de los partidos de gobierno condujeron al cierre de las partidas que permiten trabajar a estas instituciones.
Se trata de la Corporación Estadio Nacional, la Casa Memoria José Domingo Cañas, en la Región Metropolitana, el Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume, en Los Ríos y la Corporación de Expresos Políticos de Pisagua, de Tarapacá.
Si bien el tema será analizado el lunes y martes próximos en una comisión mixta de senadores y diputados, existe la posibilidad de que la derecha chilena consiga cortar el flujo financiero a estos lugares, lo cual equivale a la clausura de sus actividades.
La experta en derechos humanos Marta Cisterna Flores aseguró este sábado a Radio Universidad de Chile que el negacionismo está ganando terreno por la vía financiera para la eliminación gradual de los museos donde se conservan registros de lo ocurrido tras el golpe.
Agregó que los crímenes cometidos por el Estado entre 1973 y 1990 son la razón de ser de estos sitios, destinados a mantener viva la memoria y garantizar la no repetición.
Cisterna, quien es miembro del directorio de la Casa José Domingo Cañas, hizo un llamado a los partidos políticos para protegerlos y recordó que muchos de esos locales fueron utilizados por el régimen militar como cuarteles de tortura o ejecuciones.
En lugar de cumplir los estándares internacionales, el Estado chileno obliga a los sitios de memoria a competir entre ellos todos los años para aplicar y obtener fondos, explicó la activista.
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